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Estatuto general de los procuradores

21707 REAL DECRETO 2046/1982, de 30 de julio, por el que se aprueba el Estatuto General de los

Procuradores de los Tribunales (BOE 27-8-82). -

El anterior Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de fecha diecinueve de diciembre de mil

novecientos cuarenta y siete, tras su larga vigencia ha quedado totalmente inadecuado a las necesidades

de la Administración de Justicia, entre cuyos colaboradores fundamentales se encuentran quienes se

dedican a representar los intereses de los ciudadanos.

Por otra parte la importancia de la función ha generado una mayor responsabilidad por parte de los

Procuradores de los Tribunales no sólo frente a sus representantes sino frente a la sociedad en general

que se beneficia de su actuación.

Por ello y de conformidad con el artículo seis punto dos de la Ley de Colegios Profesionales de trece de

febrero de mil novecientos setenta y cuatro, el Consejo General de Colegios de Procuradores de Tribunales

inició la elaboración de su Estatuto General, que asumido por el Ministerio de Justicia, supone un

importante avance en la serie de reformas necesarias para mejorar las funciones de la Administración de

Justicia.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Justicia, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado y

previa deliberación del Consejo de Ministros del día treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos.

DISPONGO:

Artículo único.- Se aprueba el Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales cuyo texto se inserta

a continuación.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogado el Estatuto General de diecinueve de diciembre de mil novecientos cuarenta y siete y

cuantas disposiciones sean incompatibles con el contenido del presente Real Decreto.

Dado en Palma de Mallorca a treinta de julio de mil novecientos ochenta y dos.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Justicia,

PÍ0 CABANILLAS GALLAS

TÍTULO I

Disposiciones generales

Artículo 1.- La Procuraduría es una profesión liberal e independiente que podrán ejercer cuantos,

reuniendo las condiciones exigidas en este Estatuto, soliciten y obtengan su incorporación a un Colegio

de Procuradores.

Artículo 2.- Son Procuradores a efectos del presente Estatuto, los que, reuniendo las condiciones exigidas

en el mismo, puedan encargarse mediante apoderamiento conferido adecuadamente de representar los

derechos e intereses de su poderdante ante los Tribunales de Justicia.

Artículo 3.- La comparecencia ante los Juzgados y Tribunales se efectuará por medio de Procurador en los

casos y en la forma que determinen las Leyes.

Artículo 4.- La representación del Procurador se acreditará por medio de apoderamiento suficiente

otorgado conforme a las disposiciones legales.

Las relaciones entre el Procurador y su cliente se regirán por las normas aplicables al mandato y por las

disposiciones contenidas en el presente Estatuto.

TÍTULO II

De los Procuradores

CAPÍTULO I

De los requisitos para ejercer la profesión de Procurador

Artículo 5.- Para ser Procurador son necesarias las siguientes condiciones generales de aptitud:

1 . Poseer la nacionalidad española. (1)

2. Ser mayor de edad.

3. Tener el título de Licenciado en Derecho.

4. Haber obtenido el título de Procurador, que será expedido por el Ministerio de Justicia a quienes,

reuniendo las condiciones exigidas, así lo solicitaron.

(1) Modificado por decreto 174/91. Queda redactado: "Ser de nacionalidad española o de la de alguno de los Estados miembros de la

Comunidad Europea".

Artículo 6.- Para el ejercicio de la profesión de Procurador se requiere.

a) Haber obtenido la inscripción en el Colegio, previo abono de la cuota de ingreso y Normalización de alta

en la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España, en la forma que determina

el artículo 73 del presente Estatuto.

b) Haber constituido debidamente la fianza exigida por el presente Estatuto.

c) Prestar juramento o promesa ante la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo u órgano de la Audiencia o

Juzgado que corresponda, según donde se proponga ejercer la profesión el interesado.

Artículo 7.- No podrán ser dados de alta como Procuradores:

l. Los procesados o ensartados en causa criminal, salvo que lo fueren por delitos culposos, mientras no se

alce procesamiento o encartamiento.

2. Los condenados en causa criminal por delito doloso o pena superior a presidio o prisión menores, o por

cualquier forma de delito y a cualquier pena cuando se trate de los de falsedad, estafa o cualquier otro de

los que por su índole o naturaleza afectasen al prestigio y decoro de la profesión, mientras no obtengan su

rehabilitación,

3. Los sancionados disciplinariamente por suspensión y expulsión mientras no hayan cumplido la sanción

u obtengan la rehabilitación respectiva.

CAPÍTULO II

De las incompatibilidades

Artículo 8.- La profesión de Procuradores es incompatible:

1 . Con el ejercicio de la función judicial o fiscal, cualquiera que sea su denominación y grado, con el

desempeño del Secretario de los Juzgados o Tribunales, y con todo empleo o función auxiliar o subalterna

en los mismos.

2. Con el ejercicio de la Abogacía, salvo en los casos de habilitación previstos en el presente Estatuto.

3. Con el ejercicio de la profesión de Agente de negocios o Gestor administrativo y Agente de la Propiedad

Inmobiliaria, o con cualquiera otra profesión que hubiere sido declarada incompatible con el ejercicio de la

Procuraduría.

4. Con cualquier empleo remunerado en los Colegios de Procuradores y Abogados.

5. Con las restantes funciones o empleos de la Administración que hayan sido declaradas legalmente

incompatibles con la Procuraduría.

6. El Procurador no podrá ejercer su profesión en el Juzgado o Tribunal donde desempeñe su función de

Magistrado, Juez, Fiscal, Secretario u Oficial, Auxiliar o Subalterno, familiar o pariente dentro del segundo

grado de consanguinidad o afinidad.

Artículo 9.- Cuando concurriese en algún Colegiado cualquier causa de incompatibilidad de las

mencionadas anteriormente, el Decano del mismo requerirá al interesado para que en el plazo de quince

días opte por una de las situaciones incompatibles con renuncia expresa de las demás, y si transcurriese

dicho plazo sin atender dicho requerimiento, la Junta de Gobierno acordará la suspensión del Procurador

en el ejercicio de su cargo mientras subsista la incompatibilidad, comunicándolo a los Juzgados y

Tribunales en que el Procurador ejerciera su profesión.

Desaparecida la incompatibilidad, el Procurador, previa justificación de dicho extremo, podrá instar de la

Junta de Gobierno del Colegio correspondiente el alzamiento de la suspensión.

Artículo 10.- Contra los acuerdos de suspensión adoptados por la Junta de Gobierno de los Colegios de

Procuradores conforme al artículo anterior, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejo General

de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España en el plazo de quince días, con

sujeción al régimen establecido en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Contra la resolución del Consejo General sólo cabrá el recurso contencioso-administrativo con arreglo a las

normas contenidas en la Ley reguladora de esta jurisdicción.

CAPÍTULO III

De los deberes

Artículo 11.- Es deber primordial del Procurador colaborar con los órganos jurisdiccionales en la noble

función pública de administrar justicia, actuando con profesionalidad, honradez y lealtad en la defensa de

los intereses de sus representados.

A este fin, en sus relaciones con el órgano jurisdiccional y con sus compañeros, y con el Letrado y su

cliente, será probo, leal y veraz.

Con la parte contraria mantendrá un trato correcto en todo momento.

Artículo 12.- Es obligación del Procurador solidarizarse con el espíritu de asociación y hermandad que

tutelan los Colegios de Procuradores, evitando la deslealtad, y la competencia ilícita hacia sus compañeros.

Queda prohibido el anuncio o difusión de sus servicios, directamente o a través de cualquier medio

publicitario.

Artículo 13.- Los Procuradores están obligados a representar, gratuitamente, a los litigantes pobres en los

casos previstos por la Ley, a cuyo fin cada Colegio llevará un registro para proceder al reparto de dichos

asuntos entre sus colegiados en ejercicio, en la forma que determine reglamentariamente el propio Colegio.

Artículo 14.- Además, son también deberes del Procurador:

1 . Presentar oportunamente el poder que tenga para comparecer en juicio o devolverlo si no lo aceptare

tan pronto como sea posible, para que no sea perjudicado el poderdante.

2. Seguir el juicio mientras no haya cesado en su encargo por alguna de las causas que se expresan en la

Ley Orgánica del Poder Judicial.

3. Transmitir al Abogado elegido por su cliente o por ellos mismos todos los documentos antecedentes e

instrucciones que les remitan, o que ellos mismos puedan adquirir haciendo cuanto conduzca a la defensa

de su poderdante, bajo la responsabilidad que las Leyes impongan al mandatario.

Cuando no tuvieren instrucciones o fueren insuficientes las que se les hubieren dado, hacer lo que

requiera la naturaleza o índole del negocio.

4. Pagar los gastos que se causaren a su instancia.

5. Tener al cliente y al Letrado siempre al corriente del curso del negocio que se les hubiere confiado.

6. Firmar todas las pretensiones que se presenten a nombre del cliente.

7. Oír y firmar los emplazamientos, citaciones y notificaciones de cualquier clase, incluidas las de

sentencias, teniendo estas actuaciones la misma fuerza que si interviniera en ellas directamente el

poderdante. No se admitirá la respuesta de que las expresadas diligencias se entiendan con éste.

8. Asistir a todas las diligencias y actos para los que las Leyes lo prevengan.

9. Llevar un libro de conocimientos de negocios pendientes, y otros de cuentas con los litigantes, con los

Abogados y con los Auxiliares y Subalternos que devenguen honorarios o derechos.

10. Dar a sus clientes cuentas documentadas de los gastos judiciales e inversión de las cantidades

recibidas.

11. Cumplir exactamente las obligaciones que las Leyes le impongan en su actuación profesional, y en las

que en el orden corporativo se determinan en este Estatuto y en el del Colegio al que pertenezca.

12. Residir en el territorio o demarcación judicial en que haya de actuar, debiendo en todo caso mantener

despacho abierto en la misma localidad donde tuvieren su sede el Colegio correspondiente, o el Juzgado

en él que ejerza la profesión.

13. Llevar un libro registro de conocimiento de asuntos, de forma que en él se reflejen todos los datos

precisos sobre los mismos.

14. Rendir cuentas al cliente, con especificación y detalle de las cantidades percibidas de éste y de los

pagos realizados por su cuenta, precisando exactamente los conceptos e importes correspondientes.

15. Guardar el secreto profesional de cuantos hechos, documentos y situaciones relacionadas con sus

clientes hubiese tenido noticia por razón del ejercicio de su profesión, cuyo secreto alcanzará igualmente a

los hechos que el Procurador conozca por pertenecer a la Junta de Gobierno o al Consejo General, y

asimismo, a aquellos de los que tenga conocimiento como asociado-colaborador de otro compañero.

Cuando se invoque el secreto profesional, el Procurador podrá ampararse en las Leyes reguladores de su

ejercicio para demandar el pleno respeto de su derecho conforme a la Ley.

Cuando el Procurador estime necesario salvar su responsabilidad ante cualquier escrito firmando por

Letrado, podrá anteponer a su firma la frase siguiente: "Al solo efecto de representación".

16. Satisfacer dentro de los plazos señalados las cuotas ordinarias o extraordinarias acordadas por su

Colegio, así como las demás cargas obligatorias, entre ellas las dispuestas por la Mutualidad de Previsión

de los Procuradores de los Tribunales de España y las del Consejo General de los Ilustres Colegios de

Procuradores de los Tribunales de España.

CAPÍTULO IV

De los derechos

Artículo 15.- 1. El Procurador tiene derecho a ser eficazmente amparado en el ejercicio de su profesión,

ateniéndose para ello los Tribunales a las disposiciones vigentes sobre la materia.

2. Tendrán derecho a la adecuada y justa remuneración de sus servicios profesionales.

Artículo 16.- 1. El Procurador gozará de los honores, preferencias y consideraciones reconocidos por la

Ley a la profesión, particularmente en cuanto se refiere al asiento en estrados.

2. En apertura de los Tribunales, tomas de posesión, recepciones y demás actos oficiales solemnes, así

como ante cualquier Tribunal o autoridad, los Procuradores vestirán traje negro y corbata negra sin

perjuicio del traje que sea distintivo profesional, conforme prevengan las normas en vigor.

3. Los miembros de la Junta de Gobierno usarán la Medalla y Placa correspondientes.

Artículo 17.- Por los servicios profesionales prestados, el Procurador tendrá derecho a los honorarios que

fijen los aranceles vigentes.

De ningún modo se admitirá la fijación del pago de un tanto por ciento o parte alícuota del valor que se

obtenga del litigio o de los bienes litigiosos, prohibiéndose el pacto de "cuota litis".

Artículo 18.- Si el Procurador prestase servicios profesionales permanentes a una Entidad privada podrá

convenir libremente la retribución de los mismos, pero nunca en cuantía inferior a la que por su rango

académico, categoría y clase de trabajo le corresponda, pudiendo ésta ser fijada por el Colegio a que

pertenezca.

Artículo 19.- Por los servicios de carácter extrajudicial que, aun cuando tengan relación con el

procedimiento, no correspondan a la actuación profesional estricta en juicio, el Procurador tendrá derecho

a los honorarios fijados por la disposición general undécima de los Aranceles.

Artículo 20.- El Procurador colegiado no ejerciente que hubiere de seguir proceso que no esté

determinado por el ejercicio de actividades mercantiles e industriales o debiere intervenir en causa en la

que fuera parte directa él mismo o sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de

afinidad, podrá actuar profesionalmente ejerciendo la representación procesal siempre que el asunto se

transite en el lugar de su residencia y obtenga previamente su habilitación de la Junta de Gobierno del

Colegio respectivo, en el que deberá acreditar su condición de Colegiado mediante certificación expedida

por la Corporación a la que pertenezca.

En los mismos casos, el Procurador colegiado no ejerciente podrá ostentar conjuntamente la

representación y la defensa siempre que concurran los requisitos exigidos por las Leyes al respecto y

hubiere sido habilitado previamente al efecto por el Colegio de Abogados correspondiente con arreglo a

sus Estatutos.

CAPÍTULO V

De las fianzas

Artículo 21.- El Procurador, con carácter previo al inicio del ejercicio de su función, constituirá, a

disposición de la autoridad judicial que corresponda y en garantía de su actuación profesional, fianza de la

cuantía correspondiente, según la siguiente escala:

a) Para actuar en Madrid y Barcelona, 75.000 pesetas.

b) En las restantes poblaciones de Audiencia Territorial, 40.000 pesetas.

c) En las poblaciones de Audiencia Provincial y donde exista Juzgado de Primera Instancia desempeñado

por Magistrado, 25.000 pesetas.

d) En los demás Juzgados de Primera Instancia, 20.000 pesetas.

e) En los Juzgados de Distrito que no estén incluidos en los epígrafes anteriores, 7.000 pesetas.

Artículo 22.- La fianza podrá constituirse en metálico y en valores del Estado o con la garantía del mismo

que, conforme a la cotización oficial del día en que se formalice, cubra la cantidad efectiva que

corresponda, según la escala anterior.

Artículo 23.- La fianza responderá a los gastos judiciales a cargo del Procurador devengados en el

ejercicio de su profesión, así como de los demás conceptos establecidos por las Leyes.

Artículo 24.- Si la fianza se redujese, como consecuencia de las causas expresadas en el artículo anterior,

el Procurador vendrá obligado a complementarla en el plazo máximo de dos meses, y de no verificarlo

causará baja en el Colegio, previa formación de expediente.

Artículo 25.- Al cesar un Procurador se anunciará su baja en el "Boletín Oficial" de la provincia

correspondiente a la demarcación judicial donde venía ejerciendo, abriéndose un plazo de seis meses a

efectos de reclamaciones.

Artículo 26.- Transcurrido el plazo de seis meses sin que se haya formulado reclamación, se devolverá la

fianza al interesado o a sus herederos. Si, por el contrario, existiese alguna reclamación y se estimase justa,

se devolverá la cantidad que corresponda. En todo caso, previamente a la resolución de las reclamaciones

que se presenten, se solicitará informe del Colegio de Procuradores al que el interesado pertenezca.

CAPITULO VI

De las responsabilidades

SECCION PRIMERA

De la responsabilidad civil y penal

Artículo 27.- La responsabilidad civil y penal de los Procuradores por razón del ejercicio de su función se

exigirá con arreglo a las Leyes.

SECCIÓN SEGUNDA

De la responsabilidad disciplinaria

Artículo 28.- Con independencia de la responsabilidad civil y penal, los Procuradores además son

responsables por el incumplimiento de sus deberes profesionales y corporativos, y serán corregidos en la

forma que se determina en este Estatuto.

Artículo 29.- La responsabilidad disciplinaria de los Procuradores será declarada e impuesta por los

órganos judiciales y corporativos según corresponda, de conformidad con lo establecido en las Leyes y en

este Estatuto, y en los particulares de cada Colegio, respectivamente.

CAPITULO VII

De las ausencias, sustituciones y ceses en el ejercicio de la profesión

Artículo 30.- El Procurador está obligado a residir en el partido o demarcación territorial del Tribunal ante

el que ejerza la profesión, no pudiendo ausentarse sin autorización del Decano del Colegio, salvo que la

ausencia fuese por tiempo no superior a quince días, en cuyo caso bastaría la comunicación previa al

Decano del Colegio con determinación del Procurador o Procuradores que le sustituyan durante la

ausencia, debiendo constar la conformidad al respecto de dichos sustitutos.

Cuando la ausencia fuese superior a quince días, será necesario que se solicite autorización del Decano,

quien transitará la petición y aceptación de los sustitutos, que se acompañará a la misma y, una vez

concedida, la comunicará a la autoridad judicial correspondiente.

Artículo 31.- La autorización para ausentarse del lugar de residencia no podrá exceder de seis meses

pudiendo prorrogarse por otros seis meses en casos justificados.

Artículo 32.- Concluida la licencia y, en su caso, su prórroga, el Procurador deberá reintegrarse a su

residencia comunicándolo seguidamente al Decano del Colegio, y por este a las autoridades judiciales que

concedieron dicha licencia, entendiéndose en otro caso que abandona el ejercicio de la profesión. En tal

supuesto, y previo expediente en el que el interesado será oído, la Junta de Gobierno comunicará al mismo

y a la autoridad judicial el cese en dicho ejercicio, no pudiendo volver a la profesión de Procurador en un

plazo de tres años.

Contra este acuerdo podrá interponer el interesado recurso de alzada con sujeción al régimen establecido

en la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 33.- Cuando concurra justa causa que imposibilite al Procurador para asistir a la práctica de

diligencias, actuaciones judiciales, firma de escritos y, en general, para realizar cualquier acto propio de su

función en los asuntos en que aparezca personado, podrá ser sustituido por otro Procurador del mismo

Colegio u Oficial habilitado que reúna las condiciones establecidas por la normativa vigente, sin más

requisitos que la aceptación del sustituto, manifestada en la asistencia a las diligencias y actuaciones, en la

firma del escrito o en la formalización del acto profesional de que se trate.

Artículo 34.- En el supuesto de enfermedad repentina sin previa designación de sustituto, el Decano del

Colegio tan pronto como tenga conocimiento del hecho designará de entre los Procuradores del mismo

Colegio a aquél o aquéllos que interinamente sustituyan al enfermo, comunicando dicha designación a los

Tribunales o Juzgados correspondientes.

En caso de fallecimiento del Colegiado, y a petición de su familia, el Decano igualmente hará el

nombramiento de quienes se encarguen de la liquidación de su despacho.

Artículo 35.- El Procurador cesará en el ejercicio de la profesión:

1 . A petición propia formulada ante la Junta de Gobierno del Colegio respectivo.

2. Por jubilación o imposibilidad física acreditada debidamente en expediente en el que será oído el

interesado.

3. Por haber causado baja en el Colegio como consecuencia de sanción impuesta en expediente

disciplinario.

4. Por haber sido condenado en causa criminal a la pena de inhabilitación absoluta o especial o de

suspensión del ejercicio de su profesión, mientras no obtuviese su rehabilitación.

Artículo 36.- El cese del Procurador en la representación se regirá por Leyes sustantivas y procesales.

CAPÍTULO VIII

De la colaboración profesional

Artículo 37.- Los Procuradores en ejercicio que pertenezcan a un mismo Colegio podrán asociarse para el

ejercicio de la profesión en la forma y condiciones que tengan por conveniente, dando cuenta de ello por

escrito al Colegio.

La asociación para fines profesionales se hará pública mediante la estampación en los papeles de cartas,

comunicaciones profesionales, letreros o placas, etc., de los nombres, apellidos y profesión de los mismos.

En ningún caso podrán ostentar los Procuradores asociados la representación de quienes en el mismo

proceso asuman posiciones contrapuestas de partes litigantes.

A tal efecto se presumirá como asociados aquellos Procuradores que ejerzan en el mismo despacho.

TÍTULO III

De los Colegios de Procuradores

CAPÍTULO I

Artículo 38.- Los Colegios de Procuradores, que conservan el tradicional tratamiento de Ilustres, son

Corporaciones de Derecho Público de carácter profesional, amparados por la Ley y reconocidos por el

Estado, que gozan de personalidad jurídica y están constituidos por quienes reuniendo los requisitos

exigidos para ejercer la profesión de Procurador, hayan sido admitidos a formar parte de los mismos.

En consecuencia, pueden adquirir, enajenar y administrar toda clase de bienes y ejercitar ante los

Tribunales de cualquier jurisdicción y grado, las acciones que en su propio interés juzguen convenientes.

Para los actos de adquisición y enajenación de bienes inmuebles, así como para los de disposición y

enajenación de derechos y para los de constitución, modificación o extinción de derechos reales sobre

bienes muebles o inmuebles, se requerirá acuerdo de la Junta General.

Además, y en el ámbito territorial respectivo, tendrán las funciones determinadas en la Ley y disposiciones

en vigor.

Artículo 39.- Son fines del Colegio: Mantener el decoro, la fraternidad y disciplina de sus Colegiados;

velar por los intereses profesionales de todos sus miembros, así como por el prestigio de la profesión y

porque la Procuraduría se mantenga en el más alto nivel moral, a cuyo efecto el Colegio asumirá el

patrocinio y representación de los intereses generales de los Colegiados ante las autoridades y

Organismos públicos, defendiendo sus derechos y prestigio si fuesen objeto de vejación o

desconocimiento; determinar y distribuir equitativamente las cargas que debe soportar la Corporación y las

retribuciones que procedan y no estén reguladas expresamente, repartir los pleitos y causas de litigantes

pobres o de quienes, sin serlo, soliciten que se les nombre Procurador de oficio; perseguir el intrusismo y

prestar la colaboración que se solicite de los Poderes Públicos en la previa información de los proyectos

legislativos correspondientes a la ordenación de la Procuraduría participando en la elaboración de cuantas

normas legales o reglamentarias puedan afectar a la profesión y a su ejercicio.

Artículo 40.- Obligatoriamente existirá un Colegio en cada capital de provincia, que extenderá su actuación

a todo el territorio de ésta.

No obstante lo anterior, en aquellas provincias donde existan dos o más Colegios, éstos conservarán el

ámbito territorial que actualmente tienen o se les asigne en lo sucesivo.

Sus dependencias estarán instaladas, siempre que fuese posible, en los Palacios de Justicia o edificios de

los Juzgados, sin perjuicio de la facultad de cada Colegio para acordar la instalación de los mismos en otra

sede.

CAPÍTULO II

De la organización y gobierno de todos los Colegios.

Artículo 41.- Los órganos de los Colegios de Procuradores son:

a) La Junta General, integrada por todos los Colegiados pertenecientes al Colegio respectivo, y

b) La Junta de Gobierno correspondiente a cada Colegio.

Artículo 42.- La Junta de Gobierno de cada Colegio estará compuesta, al menos, por los siguientes

miembros:

a) Un Decano-Presidente y un Vicedecano.

b) Un Secretario y un Vicesecretario.

c) Un Tesorero.

d) Los Vocales que determinen los Estatutos de cada Colegio.

Artículo 43.- Todos los cargos son obligatorios, honoríficos y gratuitos, siendo la duración de cada

mandato de cuatro años.

Artículo 44.- Será requisito para poder ser elegido miembro de la Junta de Gobierno el ejercicio

ininterrumpido de la profesión en el territorio del Colegio durante un tiempo de cinco años como mínimo,

estando incapacitado para el desempeño de cargos de la Junta de Gobierno o en el Consejo General, el

Colegiado que hubiera sido sancionado por vía de corrección disciplinaria mientras no hubiera obtenido su

rehabilitación.

Artículo 45.- La Junta de Gobierno será elegida de entre los Colegiados en quienes concurran las

condiciones previstas en el artículo anterior. Por excepción, para los cargos de Decano, Secretario,

Vicesecretario y Tesorero, sólo podrán ser elegidos los Colegiados ejercientes en la sede del Colegio.

La elección de la Junta de Gobierno se hará por la Junta General Ordinaria, o la extraordinaria cuando

proceda, en la forma que determinen los Estatutos de cada Colegio.

Artículo 46.- La Junta de Gobierno se reunirá, cuando menos, una vez al mes, previa convocatoria por el

Decano cursada con la antelación necesaria para que se halle en poder de sus componentes cuarenta y

ocho horas antes de la fecha fijada para la sesión, salvo que razones de urgencia justifiquen la

convocatoria en cualquier tiempo que las circunstancias exijan. En la convocatoria habrá de expresarse el

lugar, día y hora en que habrá de celebrarse la sesión y el Orden del Día.

Serán válidas las sesiones de la Junta de Gobierno a las que, aun sin haber sido convocadas en forma,

asistan la totalidad de sus miembros.

Artículo 47.- Para que la Junta de Gobierno pueda deliberar y tomar acuerdos en segunda convocatoria,

será suficiente que concurran a la reunión cuatro de sus componentes, entre ellos el Decano o quien

reglamentariamente le sustituya.

Los acuerdos se adoptarán por mayoría de votos y, en caso de empate, decidirá el voto del Presidente.

Artículo 48.- Corresponde a la Junta de Gobierno:

1 . Resolver las solicitudes de incorporación al Colegio.

2. Velar porque todos los Colegiados cumplan puntualmente los presentes Estatutos, los acuerdos que por

virtud de los mismos se tomen en las Juntas, las disposiciones del Gobierno que les sean concernientes,

las que dictaren los Tribunales y autoridades y las del Consejo General.

3. Vigilar con el mayor celo que los Colegiados desempeñen su cargo con el decoro, diligencia, probidad y

demás circunstancias que hayan de contribuir al buen nombre de la Corporación.

4. Velar por el decoro profesional y porque sean guardadas a todos y cada uno de los Colegiados las

consideraciones que les sean debidas, defendiéndoles por justa causa si fueren molestados o perseguidos

con motivo del ejercicio de la profesión.

5. Resolver, según corresponda, las reclamaciones que se hicieran al Colegio respecto de algunos de sus

Colegiados.

6. Nombrar entre los Colegiados, las Comisiones que sean necesarias para el buen régimen y desempeño

de los asuntos que al Colegio convengan.

7. Disponer la cobranza de las cantidades que correspondan al Colegio por cualquier concepto, las cuotas

con que deben contribuir los Colegiados, la exacción de las multas que se les impongan, el importe de las

pólizas u otros ingresos y el pago de los gastos de la Corporación.

8. Disponer lo más conveniente a los intereses del Colegio, respecto a la situación o inversión de sus

fondos, a propuesta del Tesorero o Censor, dando cuenta de lo acordado a la Junta General.

9. Redactar las bases por las que han de regirse los concursos que se convoquen para cubrir las plazas de

empleados del Colegio que queden vacantes o las que, en lo sucesivo, se creen, y el nombramiento de los

mismos.

10. Acordar la convocatoria de las Juntas Generales ordinaria o extraordinaria, y ésta por sí o a instancia de

los Colegiados en la forma y términos del artículo 54.

11. Proponer a la Junta General, para su resolución, todos los asuntos que sean de interés y conveniencia

del Colegio y la profesión.

12. Resolver sobre todas las exposiciones, informes y demás documentos que hayan sido solicitados al

Colegio.

13. Sancionar a los Procuradores del Colegio que incurran en cualesquiera de las faltas que se establecen

en este Estatuto General y en los Estatutos de cada Colegio, instruyendo al efecto el oportuno expediente.

14. Llamar para mayor ilustración a cualesquiera de los Colegiados, sin que éstos puedan excusarse.

15. Promover, cerca del Gobierno, de las autoridades o del Consejo General, cuanto sea conveniente a la

Corporación.

16. Guardar con las autoridades, Corporaciones y Entidades Oficiales, la comunicación y relaciones que a

cada Ilustre Colegio correspondan.

17. Ejecutar los acuerdos adoptados por las Juntas Generales.

Artículo 49.- Corresponde al Decano presidir el Colegio y su Junta de Gobierno y ostentar la

representación de aquél; ejercer funciones de vigilancia y corrección respecto a los Colegiados; autorizar

con su firma los documentos de pago, cargo y balances; suscribir los informes y comunicaciones que

hayan de cursarse y asumir la dirección y control de los servicios del Colegio.

Le incumbe, especialmente, fomentar y mantener entre todos los Colegiados relaciones de hermandad y

compañerismo, la tutela de los derechos del Colegio y de sus miembros y, en general, cuantas facultades

determinen los Estatutos de los Colegios.

Artículo 50.- El Secretario es el encargado de las oficinas administrativas del Colegio, competiéndole

recibir y tramitar los escritos, oficios y documentos, librar certificaciones, llevar el turno de oficio, custodiar

el libro de Actas, los libros de Registro, los expedientes personales de los Colegiados y, en general, cuanta

documentación sea precisa para el normal desenvolvimiento de aquéllas, teniendo a su cargo el archivo y

sello del Colegio.

Artículo 51.- El Tesorero recaudará y custodiará los fondos del Colegio, verificará los pagos que hayan

sido dispuestos y autorizados reglamentariamente, llevará los libros de contabilidad que sean necesarios,

colaborará con el Censor cuando lo hubiera, en la formación de los presupuestos anuales de ingresos y

gastos, así como en la formación del balance anual del ejercicio económico y en la propuesta de la Junta de

Gobierno sobre la situación e inversión que considere más segura y rentable para los fondos propiedad del

Colegio.

Artículo 52.- Los Vocales, además de su actuación como tales en la Junta de Gobierno, desempeñarán las

funciones que se les asignen en los Estatutos de los Colegios.

Artículo 53.- La Junta general es el supremo órgano de gobierno del Colegio. Podrá ser ordinaria o

extraordinaria. La Junta general ordinaria se celebrará una vez al año para tratar, además de cualesquiera

otros asuntos, de los siguientes:

1. Reseña e informe que hará el Decano de las cuestiones importantes acaecidas durante el año en el

Colegio en relación con el mismo y con la profesión.

2. Lectura, discusión y votación del balance o cuenta general de ingresos y gastos del año anterior.

3. Propuesta de presupuesto de ingresos y gastos para el año corriente.

4. Ruegos y preguntas.

5. Elección de los cargos vacantes.

La Junta general extraordinaria se celebrará en cualquier tiempo y sin limitación de número, para tratar del

asunto o asuntos que la motiven a iniciativa de la Junta de Gobierno o a Instancia del número de

Colegiados que deterrninen sus Estatutos.

Artículo 54.- Las convocatorias de las Juntas generales se harán por acuerdo de la Junta de Gobierno, y se

llevarán a efecto por medio de comunicación escrita dirigida a cada Colegiado, en la que se exprese el lugar,

día y hora en que habrá de celebrarse la sesión, en primera o segunda convocatoria, y el Orden del Día.

Dicha comunicación habrá de estar en poder de los Colegiados con cinco días de antelación a la fecha en

que haya de celebrarse la Junta.

No podrá iniciarse la sesión en primera convocatoria si no se halla presente la mitad más uno de los

Colegiados. En segunda convocatoria se celebrará con los que concurran, cualesquiera que sea su

número.

Artículo 55.- Los acuerdos se adoptarán por la mayoría que determinen los Estatutos de los Colegios,

según los casos, y habrá de determinarse la forma de resolver las votaciones en que se produzcan

empates.

CAPÍTULO III

De los colegiados

Artículo 56.- Son Colegiados quienes hayan obtenido la incorporación al Colegio correspondiente para

ejercer la profesión de Procurador,

Por excepción, aquellos Procuradores que, habiendo ejercido incorporados a un Colegio, se diesen de baja

en la profesión, podrán continuar incorporados a dicho Colegio como Colegiados no ejercientes.

Artículo 57.- Los requisitos para obtener la incorporación al Colegio de quienes reúnan las condiciones

necesarias para ejercer la profesión, así como los derechos y obligaciones de todo orden que les incumben

como Colegiados una vez la obtengan, serán determinados por los Estatutos de cada Corporación de

acuerdo con lo dispuesto en el presente Estatuto General.

CAPÍTULO IV

De los recursos económicos

Artículo 58.- Los ingresos de los Colegios serán ordinarios y extraordinarios.

Son ingresos ordinarios:

a) Las cuotas de incorporación.

b) Las cuotas periódicas a satisfacer por los Colegiados.

c) El importe de las pólizas o sellos autorizados y, en todo caso, los de aceptación de poder que los

Colegiados han de adherir al escrito con que comparezcan en toda clase de asuntos y en cualesquiera

órdenes jurisdiccionales, ya lo verifiquen en virtud de escritura de mandato, apoderamiento, apud-acta o

designación. En estos dos últimos casos habrán de adherirlo al primer escrito que presenten o al pie de la

diligencia que se extienda en los autos haciendo constar la aceptación.

d) Las pólizas y sellos que han de adherir a las cartas-órdenes, suplicatorios, exhortos y comisiones

rogatorias en general, de cuyo diligenciamiento se hayan hecho cargo los Colegiados.

e) Los derechos que se perciban de los Colegiados y particulares por la expedición de certificaciones.

f) Los intereses, rentas y pensiones que produzcan sus bienes y derechos.

Son ingresos extraordinarios:

a) Las subvenciones y donativos procedentes del Estado, Corporaciones Públicas, Entidades privadas y

particulares.

b) Los bienes muebles e inmuebles adquiridos por herencia o legado.

c) Los repartimientos o derramas entre los Colegiados que acuerden las Juntas generales, y cualesquiera

otros pagos que los órganos de Gobierno puedan reglamentariamente imponer a los Colegiados, con

arreglo a sus propios Estatutos.

CAPÍTULO V

Del Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España

Artículo 59.- El Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España se

regirá por las normas correspondientes contenidas en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, modificadas por la de

26 de diciembre de 1975, y por las reguladoras de su organización, funcionamiento y régimen jurídico,

elaboradas según lo dispuesto en ellas.

TÍTULO IV

De la responsabilidad disciplinaría

CAPÍTULO I

De las infracciones

Artículo 60.- Los Procuradores quedan sujetos a la responsabilidad disciplinaría por el incumplimiento de

sus deberes profesionales que se exigirá judicial o corporativamente.

Las sanciones o correcciones disciplinarias que se impongan al Procurador, se anotarán en el expediente

personal de éste.

Artículo 61.- La potestad disciplinaría de los Colegios de Procuradores sobre sus miembros, se ejercerá en

los siguientes casos:

a) Vulneración de preceptos de este Estatuto o de los contenidos en los Estatutos particulares de los

Colegios.

b) Comisión de actos contrarios a la ética, al decoro profesional o de hechos que el concepto público tenga

por infamantes y que hagan al inculpado indigno de pertenecer a un Ilustre Colegio de Procuradores, sean

o no constitutivos de infracciones de otra índole.

Artículo 62.- Las infracciones consistentes en acciones u omisiones a que se refiere el apartado a) del

artículo anterior se clasificarán en leves, graves y muy graves, y las relativas al apartado b) se calificarán

siempre de muy graves.

Artículo 63.- 1. Son infracciones o faltas leves:

Las acciones u omisiones en orden al incumplimiento general de los deberes estatutarios, no consideradas

específicamente como graves o muy graves.

2. Son infracciones o faltas graves:

a) La reincidencia en falta leve dentro del plazo de cinco años.

b) La expresamente señalada en otros artículos de este Estatuto o de los contenidos en los Estatutos

particulares de los Colegios.

c) Dejar de satisfacer, dentro de los plazos señalados, tanto las cuotas ordinarias como extraordinarias

acordadas por los Colegios, así como las demás cargas colegiales a que vinieran obligados, entre ellas las

de la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España.

d) La deslealtad y competencia ilícita respecto a otros Procuradores.

e) El pacto de cuota-litis.

3. Son infracciones muy graves:

a) La reincidencia en falta grave dentro del plazo de cinco años.

b) Las expresamente señaladas en otros artículos de este Estatuto o de los contenidos en los Estatutos

particulares de los Colegios.

Artículo 64.- Las faltas prescribirán:

a) Las leves, a los tres meses.

b) Las graves, al año.

c) Las muy graves, a los dos años.

Los plazos anteriores se computarán en todo caso a partir de la fecha de la comisión de los hechos

constitutivos de infracción, interrumpiéndose los mismos por cualquier diligencia o actuación.

CAPÍTULO II

De las sanciones

Artículo 65.- Las sanciones aplicables a las infracciones tipificadas en los artículos anteriores son las

siguientes:

l. A las infracciones leves:

a) Apercibimiento verbal.

b) Apercibimiento por escrito.

c) Multa de 500 a 10.000 pesetas.

d) Reprensión privada.

2. A las infracciones graves:

Suspensión de uno a seis meses, debiendo satisfacerse previamente a la reincorporación del interesado

cuantas prestaciones, cuotas o cargas tuviere pendientes de pago el mismo.

3. A las infracciones muy graves:

a) Suspensión de seis meses a dos años.

b) Expulsión.

Para la graduación de las sanciones se ponderarán en todo caso, las circunstancias objetivas del hecho y

las subjetivas de su autor, moderándose o gravándose la responsabilidad de éste según la concurrencia de

dichas circunstancias.

CAPÍTULO III

Del procedimiento sancionador

Artículo 66.- La responsabilidad disciplinaría será exigida por la Junta de Gobierno del Colegio

correspondiente, previa incoación de expediente, con audiencia del interesado y valoración de las pruebas

que se practiquen a instancia del mismo o de oficio por el instructor.

La Junta designará de entre sus miembros Juez Instructor y Secretario, tramitándose el expediente con

sujeción a las normas reguladoras de la Ley de Procedimiento Administrativo.

Artículo 67.- Las sanciones de suspensión por más de seis meses y de expulsión se impondrán, en su

caso, mediante acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno en votación secreta y por mayoría de las dos

terceras partes de sus miembros.

A esta sesión deberán asistir obligatoriamente todos sus componentes y, si bien para la validez de la

constitución de las misma y a efectos de quorum no constituirá vicio o defecto la ausencia de alguno o

algunos de sus componentes, la inasistencia será causa para el cese en el cargo.

Artículo 68.- Cuando el inculpado fuese miembro de la Junta de Gobierno o del Consejo General de los

Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, será éste el competente para instruir y

resolver el preceptivo expediente cuya tramitación se ajustará al procedimiento señalado en el párrafo

segundo del artículo 66, actuando como Secretario el del propio Consejo General y turnándose la

designación de Instructor entre sus componentes.

Artículo 69.- Contra las sanciones impuestas por la Junta de Gobierno de los Colegios, el interesado podrá

interponer recurso de alzada ante el Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los

Tribunales de España, cuyo régimen se ajustará a lo establecido al respecto en la Ley de Procedimiento

Administrativo.

Contra las sanciones impuestas por el Consejo General, el interesado podrá interponer recurso de

reposición ante el propio Consejo General, conforme a las reglas señaladas en la Ley de Procedimiento

Administrativo.

Artículo 70.- En general, los actos dictados por el Consejo General y la Junta de Gobierno de los Colegios,

serán impugnables en la vía corporativa a través, respectivamente, del recurso de reposición previo y del

de alzada, procediendo contra la resolución que agote dicha vía el correspondiente recurso jurisdiccional

en la contenciosa-administrativa, ajustándose al régimen jurídico de la impugnación, según corresponda a

la Ley de Procedimiento Administrativo o a la Reguladora de dicha jurisdicción.

Artículo 71.- La Junta de Gobierno de los Colegios de Procuradores de España remitirá al Consejo General

de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España certificación de los acuerdos de

sanción dictados en materia de responsabilidad disciplinara por faltas graves y muy graves.

TÍTULO V

De la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España

Artículo 72.- La Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España, creada por

Orden del Ministerio de Justicia, constituye una Institución de previsión integrada en aquel Departamento.

Sin perjuicio de las competencias propias de los Ministerios de Trabajo y Sanidad y Seguridad Social, que

se regirá por su propio Reglamento y que habrá de cumplir, en la medida de sus posibilidades económicas,

los siguientes fines:

a) Fines primarios:

1. Auxilio de defunción.

2. Pensión de invalidez.

3. Pensión de jubilación.

4. Pensión de viudedad.

5. Asistencia al Procurador y sus familiares por enfermedad.

6. Auxilio de orfandad.

b) Fines secundarios:

1. Becas de estudio para hijos de Procuradores.

2. Creación y sostenimiento de clínicas médicas e instituciones escolares.

3. Cualquier otra forma de auxilio y asistencia que se considere conveniente.

Artículo 73.- El ingreso en la Mutualidad de Previsión de los Procuradores de los Tribunales de España es

obligatorio para quienes hayan de ejercer la profesión de Procurador en el modo y forma que establezca el

reglamento vigente de dicha institución.

Artículo 74.- Además de las cuotas que para el sostenimiento de la Mutualidad habrán de pagar los

Procuradores, éstos vienen obligados a adherir en sus escritos, cartas-órdenes, suplicatorios, exhortos y

además comisiones rogatorias en general, una póliza de la cuantía que dicha Mutualidad establezca.

Artículo 75.- El incumplimiento de las obligaciones, prestaciones y cargas mutuales constituye falta grave,

sancionable por vía disciplinaría en los términos previstos en el artículo 63.2 a) de este Estatuto y con

sujeción a idéntica exigencia de previo pago de las cuotas y prestaciones pendientes a cargo del

Procurador.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Tanto en lo que afecta a los Colegios actualmente existentes como a los Colegiados y aspirantes inscritos,

se respetarán los derechos adquiridos en el momento de entrar en vigor el presente Estatuto. (2)

(2) Ampliada por Decreto 1417/83.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

Lo estatuido en los anteriores preceptos se entiende sin perjuicio de lo que sobre esta materia, de acuerdo

con la Constitución y los respectivos Estatutos de Autonomía establecieron legítimamente los órganos de

las Comunidades Autónomas, con referencia a lo dispuesto en las Leyes Generales del Estado allí

aplicables y a las válidamente emanadas de sus Organos Autonómicos legislativos en las materias de su

respectiva competencia.

DISPOSICIÓN FINAL

Queda derogado el anterior Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España y cuantas

disposiciones se opongan o contradigan lo establecido en el presente.

TRANSCRIPCIÓN LITERAL DE LA PÁGINA No 15.166 DEL BOLETÍN OFICIAL

DEL ESTADO DE 31 DE MAYO DE 1.983; QUE DICE:

15.440.- REAL DECRETO 1.417/1.983, DE 25 DE MAYO, POR EL QUE SE COMPLEMENTA LA

DISPOSIClÓN TRANSITORIA DEL ESTATUTO GENERAL DE LOS PROCURADORES DE LOS

TRIBUNALES.

Las disposiciones orgánicas reguladoras de la Profesión de Procurador de los Tribunales exigen, como

regla general para el ejercicio de esta profesión, hallarse avecindado en el pueblo de la residencia del

Juzgado correspondiente. Son frecuentes, sin embargo, los casos en que, por alteración del territorio de

determinados Partidos Judiciales, los Procuradores en éstos ejercientes ven limitado su campo tradicional

de actividad al no existir norma de carácter transitorio que regule tales supuestos. Para evitar los perjuicios

que en estos casos se originan, de acuerdo con la petición formulada por el Consejo General de los Ilustres

Colegios de Procuradores de los Tribunales de España, en uso de las facultades conferidas por la

Disposición Final de la Ley de Colegios Profesionales, a propuesta del Ministro de Justicia y previa

deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 25 de Mayo de 1.983,

D I S P 0 N G O:

Artículo lº: Se agrega un segundo párrafo a la Disposición Transitoria del Estatuto General de los

Procuradores de los Tribunales, aprobado por real Decreto 2.046/1.982, de 30 de Julio, redactado en los

siguientes términos:

Cuando las disposiciones que alteren la demarcación judicial no dispongan otra cosa, los Procuradores

que con seis meses de antelación vinieran actuando en Partidos afectados por aquellas podrán continuar

su ejercicio profesional en el mismo territorio aunque se haya distribuido en Juzgados distintos, con la

obligación de residir en la localidad cabecera de uno de éstos y abrir despacho en las poblaciones en que

estén instalados los restantes.

Artículo 2º. Lo dispuesto en el artículo anterior, será aplicable a las alteraciones de Partidos Judiciales

operadas a partir de la Ley 12/1.982, de 31 de Marzo:

Dado en Madrid, a 25 de Mayo de 1.983.

Juan Carlos R.

El Ministro de Justicia: Fernando Ledesma Bartret.

Madrid 21 de marzo de 1.977

Ilmo. Sr. Presidente del Consejo General de los Procuradores de los Tribunales de España.

El Sr. Ministro de Justicia me dice con esta fecha lo que sigue:

"Examinadas las "Normas para el funcionamiento del Consejo General de los Procuradores de los

Tribunales de España" elaboradas por el citado Organismo, este Ministerio no ve inconveniente en que el

aludido Consejo acomode su actuación a cuanto en ellas se establece, por estimar que su contenido no se

opone a lo dispuesto en la Ley 2/ 1.974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales."

Lo que traslado a V.I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V.I.

EL DIRECTOR GENERAL.