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Historia de los Colegios de Procuradores

Por JULIAN CABALLERO AGUADO  (Procurador)

I. HACIA LA SUPRACOLEGIALIDAD  

El movimiento asociativo profesional de los Procuradores de los Tribunales tuvo su origen en la baja Edad Media y albores de la Edad Moderna con la creación de los primeros Colegios. Era un asociacionismo de marcado carácter local, y en muchos casos religioso, que no tuvo objetivos de mayor ámbito hasta la segunda mitad del siglo XIX.

Tras la publicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.870, que en su artículo 859 prevenía la creación de Colegios de Procuradores en las capitales donde hubiera Audiencia, fueron fundándose nuevos Colegios que, unidos a los ya preexistentes, configuraron la presencia colegial en todas las provincias españolas. El siguiente paso en la unión profesional de la Procuraduría sería la supracolegialidad integrada en una unión o asociación nacional que tardaría años en lograrse, pese a los diversos intentos.

La edición por el Colegio de Procuradores de Madrid, en el año 1.872, de una revista llamada "La Revista de Procuradores", de periodicidad semanal, pronto adoptada como propia por los Colegios de Valencia, Barcelona, Sevilla, La Coruña y Zaragoza, concedió la posibilidad de poner en contacto a los Procuradores españoles en el intento, generalizado ya en otras profesiones, de buscar la unión y asociación para conseguir con el esfuerzo común lo que no era dado realizar en el plano individual. Nacía con la ayuda de este órgano la denominada Asamblea de Decanos y representantes de los Colegios de Procuradores de las Audiencias de España, celebrándose la primera en Madrid el 20 de Noviembre de 1.872, convocada y presidida por el Decano madrileño don Manuel María Villar y Sancha, donde se intentaron sentar las bases de una estrecha unión entre los distintos Colegios en busca de la solución de los inmediatos problemas profesionales de la Procuraduría, que ese primer momento no eran otros que la cuestión arancelaria y el acceso a la profesión.

Si latente desde esos remotos tiempos estaba la necesidad de una asociación de los Procuradores de carácter supracolegial, no sería sino hasta Noviembre del año 1.890 cuando se reuniera en Madrid la denominada Asamblea de Procuradores de España presidida por el Decano del Colegio madrileño don Manuel Martín Veña. En 1.901 y 1.904 volvieron a celebrarse Asambleas de Procuradores bajo la presidencia del Decano madrileño Don Hilario Dago y Cuchillero, acordándose la constitución de una delegación permanente que preparara las bases para la creación de la Asociación de Procuradores españoles. En esta última Asamblea se tomaron diferentes acuerdos para los Procuradores, entre ellos la creación de una publicación defensora de los intereses profesionales de la Procura titulada"El Procurador Español" que se publicaría ininterrumpidamente desde 1.905 hasta el año 1.932. Fruto de la labor de la delegación permanente o comisión ejecutiva de los acuerdos de la Asamblea fue la publicación en 1.911 del primer Arancel específico para los Procuradores separado e independiente del Arancel judicial, y en 1.912 del Reglamento de Exámenes que exigía mayores conocimientos teóricos y prácticos así como el requisito del título de Bachiller para el ejercicio de la Procura.

La siguiente Asamblea de Procuradores de España no se reuniría hasta febrero del año 1.914 en Madrid, bajo la presidencia, de nuevo, de don Hilario Dago. En ella se continuaron debatiendo las necesidades profesionales de la Procuraduría y se dio un nuevo impulso a la tan difícil y anhelada supracolegialidad de la Asociación Nacional de Procuradores. Al igual ocurriría con la siguiente Asamblea celebrada en octubre de 1.922 en Barcelona. En estas Asambleas se elegía una Comisión Ejecutiva de Acuerdos de Asambleas de Procuradores que actuaba como órgano de carácter nacional aglutinador oficioso de todos los Colegios. En la última Asamblea celebrada en el 1.922, se acordó el siguiente régimen para la Comisión Ejecutiva: "Se convocará otra Asamblea general, siempre que estime necesario o conveniente la Comisión ejecutiva de la clase, y en la capital que ésta designe, confirmándose como Comisión ejecutiva, el señor Decano del Colegio de Madrid como Presidente; los señores Decanos de Colegios de Audiencia Territorial, y los señores Tesorero y Secretario del Ilustre Colegio de Madrid, adicionándose con un Decano de Audiencia provincial y con un Procurador de Juzgado de primera instancia de la península, nombrados estos dos últimos por el Decano de Madrid, por orden alfabético de capital de provincia y de Juzgado, debiendo empezarse por los Decanos de Málaga y de Tortosa como representantes de los Colegios de Audiencia provincial y de Juzgado, en atención a las numerosas representaciones que han ostentado en esta Asamblea. Cada vez que se tenga que consultar o reunir la Comisión ejecutiva y para este caso el viaje del Procurador de Juzgado irá a cargo de los Colegios de Audiencia territorial. La Comisión deberá reunirse por lo menos una vez al año".

No volvería a reunirse más la Asamblea, pero la Comisión Ejecutiva reiteraba ante las autoridades las aspiraciones de la Procuraduría acordadas en 1.922, fundamentalmente la preceptividad de la representación, los aumentos arancelarios y la vuelta al numerus clausus que la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1.870 había derogado. Un Decreto de 23 de Agosto de 1.934, previa instancia del presidente de la Comisión Ejecutiva, don Manuel Martín Veña, fijaba un número máximo de Procuradores, con prohibición expresa a los Colegios de admisión de incorporaciones que supusieran la superación de aquellos.


II. LA JUNTA NACIONAL  

Inmersa buena parte de España en la cruenta guerra civil, en Septiembre de 1.938, previa convocatoria del Decano del Colegio de Procuradores de Vizcaya, don Benito Díaz de Sarabia, se reunieron en Bilbao los Decanos de Sevilla, Burgos, León, Valladolid, Navarra, Palencia y Alava, con la conferida representación de otros veinte Decanos, y reconstruyeron la Comisión Ejecutiva de los Procuradores, quedando presidida por el Decano sevillano don Rafael Espinosa y Vargas, para reunirse posteriormente en Valladolid y en Vitoria.

Concluida la guerra civil, llegó el esperado momento para el que tantos Procuradores habían trabajado desde el último tercio del siglo XIX, cual era la creación de la Asociación Nacional. En una reunión de Decanos celebrada en Barcelona en el año 1943 se acordó remitir solicitud, en tal sentido, al Ministerio de Justicia, habida cuenta que meses atrás se había creado la Junta Nacional de Abogados. Dos personas serían decisivas para la consecución del órgano supracolegial de la Procuraduría: Don Alberto Quintana, en aquel momento Procurador barcelonés no ejerciente y alcalde de Gerona, y como tal Procurador en Cortes, y el Notario Don José María Porcioles, Director General de Registros y Notariado. Ambos canalizaron la petición que culminaría una de las aspiraciones más sentidas en los últimos cincuenta años anteriores. PoDecreto de 23 de Septiembre de 1.943, publicado en el B.O.E. del 9 de Octubre de 1.943, se creaba la denominada Junta Nacional de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España con la misión de "representar a la profesión con carácter nacional; proponer al Ministerio las normas de unificación de los Colegios cuantas estimen necesarias para el mejor ejercicio de la profesión de Procurador de los Tribunales; dirimir los conflictos que dichos Colegios tuviesen entre sí; adoptar previa aprobación del Ministerio cuantas disposiciones juzgue convenientes para el mejor prestigio profesional de sus miembros; perseguir el intrusismo profesional bajo todas sus formas; crear Instituciones de previsión en beneficio de los Colegiados y sus familiares y formar el censo de los Procuradores de los Tribunales de España".

Por una Orden Ministerial de 20 de Octubre de 1.943 se designaron los primeros consejeros de la Junta: como Presidente, el Decano del Colegio de Madrid D. Manuel Martín-Veña y Ranero, y los Decanos D. Juan Valls Pallejá, de Barcelona; D. Juan J. Yáñez García, de La Coruña; D. Rafael Martín Quesada, de Granada; D. Santiago Jené, de Lérida; D. Juan Pérez de los Cobos, de Valencia; D. Felino Ruiz del Barrio, de Valladolid; y los consejeros nominados por el Ministerio de Justicia, D. Francisco Chiclana González del Colegio de Sevilla, D. Pedro Lage Lodos del de La Coruña, D. Alberto Martínez Ylario del de Valencia, y del de Madrid, D. Fernando Pinto Gómez, D, Joaquín Rivera Arrilaga, y el Secretario D. Guillermo Aguilar Cuadrado. El 4 de Noviembre de dicho año se reunía por primera vez la Junta Nacional en las dependencias del Colegio de Madrid, estando presente desde este primer momento el propósito de "ir a que el procurador sea el único representante ante todos los Tribunales del que demanda justicia y por eso es preciso rodearle de las mayores garantías tanto de carácter personal de competencia y moralidad, como del respeto por parte de todos y de liberación de los que ilegalmente ejercen la profesión".

El 5 de Noviembre siguiente se volvían a reunir los consejeros al objeto de aprobar las normas de funcionamiento de la Junta Nacional para ser elevadas al Ministerio de Justicia. Estas normas, que fueron aprobadas por Orden Ministerial de 29 de diciembre de 1.943, prevenían una composición de doce consejeros junto a un presidente y un secretario, que serían los que ostentasen dichos cargos en el Colegio de Madrid, y fijaban como funciones a desarrollar las de: "1º proponer al Ministerio las normas de unificación de los Colegios y cuantas estimaran necesarias para el mejor ejercicio de la profesión de los Procuradores de España. 2º Dirimir los conflictos que surjan entre los Colegios. 3º Crear instituciones de previsión en beneficio de los Procuradores y sus familiares. 4º Formar el censo de los Procuradores de los Tribunales de España. 5º Perseguir el intrusismo profesional. 6º Adoptar las medidas necesarias y proponer al Ministerio de Justicia aquellas normas que tiendan a realzar el prestigio y honorabilidad de la función que les está encomendada". Como órgano administrativo máximo de la Procuraduría estaba facultada la Junta para conocer los recursos de alzada contra sanciones impuestas por los Colegios en la jurisdicción disciplinaria. Su primera ubicación fue la de las dependencias del Colegio de Procuradores de Madrid, por aquel entonces en la planta baja del palacio de Justicia de Las Salesas.

La relevancia del nuevo órgano representativo se haría patente con prontitud, pues entre las primeras inquietudes que acompañaron a la recién creada Junta Nacional en el comienzo su andadura estuvo presente el intento de un incremento de los Aranceles. Vanos propósitos que se desvanecieron ante la alegada precaria situación económica nacional. También destacó el proyecto de un código jurídico que regulara la figura del Procurador de forma autónoma e independiente de las normas procesales genéricas. La iniciativa culminó con la aprobación, porDecreto de 19 de diciembre de 1.947, del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales en el que se trataban todos los temas que afectaban a la profesión. Destacando como principales novedades la derogación del numerus clausus que regía la Procura desde el año 1.934, un considerable aumento de los importes de las fianzas, la exigencia del título de Licenciado en Derecho para el ejercicio en las capitales de provincia, la colegiación obligatoria, así como la culminación de otra inquietud de la profesión: la creación de fórmulas de previsión social de alcance nacional, con la Mutualidad de Procuradores que vería publicado su reglamento por orden ministerial de 15 de Marzo de 1.948. La Mutualidad, de obligada adscripción para todos los Procuradores, se conformó desde un primer momento como un organismo dependiente de la Junta Nacional.

Meses antes de la publicación del Estatuto cesaba el primer presidente de la Junta Nacional, don Manuel Martín Veña, siendo sustituido por don Carlos Salas Sánchez-Campomanes, anterior secretario general, quien compartiría el cargo con la presidencia de la Mutualidad. Unos meses después, y a petición de la Junta, se publicaba una orden ministerial de 19 de Junio de 1.948 que regulaba la figura de los oficiales habilitados de los Procuradores.

En el año de 1.948, por fin se ponían los medios tendentes a la deseada reforma arancelaria publicándose dos Ordenes Ministeriales de 14 de Marzo y de 29 de Abril por las que se disponía la constitución de una comisión a la que se confirió el estudio de la total reforma de los Aranceles. Los trabajos de la comisión arancelaria, en la que estaban presentes el presidente y el secretario de la Junta Nacional, vieron su fruto con la publicación de los Aranceles Judiciales por medio del Decreto de 19 de Octubre de 1.951, que en lo atinente a los Procuradores, derogaba las rancias y arcaicas disposiciones remuneratorias del viejo Arancel de 1.883 y las del ya superado Arancel de 1.916. Estos aranceles serían revisados por medio de la modificación de los Aranceles Judiciales de 1.951 contenida en el Decreto de 19 de Febrero de 1.954 que aprovechó para llenar algunas lagunas advertidas en su aplicación.

Una Orden Ministerial de 19 de Septiembre de 1.952 reconocía derechos adquiridos a los aspirantes a procurador no licenciados en Derecho inscritos en los registros de aspirantes con anterioridad a la promulgación del Estatuto General, y para la buena financiación de los Colegios, la orden ministerial de 5 de Abril de 1.954 acordaba poner los autos a disposición de los Colegios de Procuradores en las secretarías de los Juzgados y Tribunales para comprobación de los aceptos. Un Decreto de 28 de Enero de 1.955 modificaba el art. 56 del Estatuto General relativo a la composición de la Junta Nacional, ampliándose con dos consejeros más al número de catorce.

Por enfermedad del presidente D. Carlos Salas, era nombrado presidente en funciones de la Junta Nacional D. Fernando Pinto Gómez el 14 de Diciembre de 1.959, cargo que ostentaría hasta el 28 de Marzo de 1.960 en que sería nombrado presidente don Fernando Aguilar Galiana. Bajo la nueva presidencia, por Orden del Ministerio de Trabajo de 13 de Diciembre de 1.960 se aprobaron los Aranceles de los Procuradores para Magistratura de Trabajo y Tribunal Central de Trabajo, primeros aranceles específicos para la jurisdicción laboral. En Enero de 1.962, volvía la profesión a tener un órgano de comunicación con el "Boletín de Información de la Junta Nacional de los Ilustres Colegios de Procuradores de España" que serviría, como en años que ya parecían remotos, de foro de opinión entre los Procuradores.

Las actuaciones ante la Justicia Municipal y la Jurisdicción Criminal, tras la preterición que de ellas hizo el Arancel de 1.951, vieron regulados los derechos de los Procuradores con la publicación del Decreto de 10 de Junio de 1.965 que, expresamente derogaba los anteriores Aranceles de 1.916 de actuaciones municipales, y de 1.873 para las criminales. Un Decreto de 14 de Abril de 1.966 reconocía derechos adquiridos a los Procuradores que con un año de antelación venían ejerciendo los Juzgados que se suprimieran y fueran adscritos sus territorios a las capitales de provincia, aun careciendo del título de licenciado en Derecho.

Transcurridos dieciséis años desde la publicación del Arancel de Primera Instancia, Audiencias Territoriales, Tribunales de lo Contencioso Administrativo y Tribunal Supremo, gracias a los esfuerzos de la Junta Nacional de los Procuradores, se publicó un nuevo Arancel que lo derogaba y sustituía, por Decreto de 3 de Junio de 1.967. Por una orden ministerial de 15 de Enero de 1.968 se modificaba la orden de 29 de Diciembre de 1.943 reguladora del funcionamiento de la Junta Nacional en cuanto a las cantidades fijas que debían aportar los Colegios y las dietas de los consejeros. El 24 de Noviembre de 1.968 la Junta Nacional se trasladaba, junto con el Colegio de Madrid y la Mutualidad, a su nueva sede en la planta baja del número seis de la calle de Bárbara de Braganza, dejando las dependencias del palacio de Justicia, y por Decreto de 12 de Junio de 1.969 se volvía a modificar la composición de la Junta ampliándose a quince el número de sus consejeros, uniéndose el Decano de Valencia a los de Barcelona y Sevilla como consejeros permanententes.

Tan sólo habían transcurrido siete años desde la publicación del Arancel de la jurisdicción criminal de 1.965 cuando se procedía a su revisión por Decreto de 14 de Diciembre de 1.972, y por "la inevitable devaluación del poder adquisitivo de la moneda", que hizo que quedaran obsoletos los derechos de los Procuradores en la jurisdicción laboral, se derogaba el anterior arancel laboral de 1.960, por Orden del Ministerio de Trabajo de 26 de Mayo de 1.973.

Durante la presidencia de Fernando Aguilar la Junta Nacional organizó varios Congresos que, como ocurriera a principios del siglo XX con las Asambleas de Procuradores, aglutinarían las inquietudes y aspiraciones causídicas. Se celebraron dos Congresos Internacionales de Postulantes de Justicia en Madrid y Barcelona en 1.965 y 1.969 respectivamente, y a nivel nacional el Congreso Nacional celebrado en 1.970 en La Coruña en el que, entre otras conclusiones importantes para los Procuradores, se aprobó la solicitud de vacaciones judiciales en el mes de Agosto, que se verían felizmente conseguidas tras un Decreto de 17 de Julio de 1.973, gracias a las gestiones personales de don Fernando Aguilar, a la sazón Procurador en Cortes desde el año 1.964. Cargo desde el que intervino en multitud de debates parlamentarios, presentando y apoyando enmiendas en beneficio de los Procuradores.


III. EL CONSEJO GENERAL  

Publicada la Ley de Colegios Profesionales el 13 de Febrero de 1.974, se estableció con carácter imperativo que cuando estuvieran constituidos varios Colegios de la misma profesión de ámbito inferior al nacional existiría un Consejo General. De ahí el cambio de denominación que sufriera la Junta Nacional pasándose a llamar Consejo General de los Ilustres Colegios de Procuradores de los Tribunales de España. Para la debida adecuación a las directrices de la Ley de Colegios profesionales, el Consejo vio refrendadas por orden ministerial de 21 de Marzo de 1.977 sus propias normas reguladoras que modificaban la composición de sus miembros respecto al anterior régimen de la Junta Nacional.

El 4 de Abril de 1.974 accedió a la presidencia don José Granados Weil. Durante su dilatado mandato al frente de la institución, extendido hasta el año 2.001 en que por unanimidad le fuera concedido el cargo de presidente honorario, la profesión, al igual que la sociedad española y su ordenamiento jurídico, sufrió cambios trascendentales. En el primer año de mandato de Granados Weil, el Consejo comenzó la publicación de la revista "Procuradores" que se ha venido publicando ininterrumpidamente hasta la fecha.

Un nuevo Arancel publicado por Decreto de 3 de Octubre de 1.974, vino a derogar los Aranceles de 1.967 en materia civil, y de 1.965 en lo referido a la Justicia Municipal. Por Decreto de 2 de Marzo de 1.978 se actualizarían las cuantías fijas en él contempladas. La actualización de los aranceles de las jurisdicciones criminal y tutelar de menores se efectuaba por Real Decreto de 6 de Julio de 1.979. En la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional de 5 de Octubre de 1.979, se lograba que fuese plasmada la necesidad de comparecencia ante dicho tribunal por medio de procurador.

El Real Decreto 2397/1981, de 3 de Agosto de 1.981 modificaba el art. 1º del arancel civil vigente, haciendo desaparecer la prohibición de cobro que tenían los Procuradores por encima de cien millones de cuantía, en juicios ordinarios, y de quinientos, en juicios universales, debiendo ingresar en la Mutualidad de los Procuradores los derechos que resultaren.

El 27 de Agosto de 1.982 se publicaba un nuevo Estatuto General que derogaba el anterior de 1.947 y mantenía la ilimitación de número con la exigencia generalizada del título de Derecho para todos los Procuradores sin distinción de lugar del ejercicio, sin necesidad de examen alguno, y manteniendo el importe de las fianzas. Un año después, y a petición del Consejo, el real decreto 1417/1983 de 25 de Mayo de 1.983 amparaba la continuación en el ejercicio profesional de los procuradores que venían actuando en partidos judiciales que sufrían segregaciones territoriales. La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil operada por la Ley 34/1984 de 6 de Agosto de 1.984, introducía la imprescindible presencia del procurador en la novedosa comparecencia del menor cuantía.

Las variaciones legislativas operadas en los últimos años (fundamentalmente la reforma de la LEC producida en 1.984, sin olvidar leyes como la del Divorcio de 1.981), así como las variaciones económicas operadas en los últimos años, llevaron a la propuesta y aprobación por real decreto de 19 de Junio de 1.985 de un nuevo Arancel de derechos de los Procuradores que, por primera vez en la Historia de la Procuraduría, podía llamarse general y específico, al contemplar todos los órdenes jurisdiccionales con derogación expresa de todos los anteriormente fragmentarios y dispersos. Se modificaban tanto las cantidades fijas como las tablas de las cuantías variables con un considerable incremento general, siendo tributarios de los anteriores aranceles, en cuanto a su estructura -e incluso lenguaje- los distintos apartados correspondientes a distintos órdenes jurisdiccionales.

La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1.985 vino a reafirmar la raigambre de la Procura al establecer la exclusiva de los Procuradores en la representación de las partes en todo tipo de procesos como norma general.

El 16 de Enero de 1.987 el Consejo General, a instancia de su presidente D. José Granados adoptó un importantísimo acuerdo que rompía con los tradicionales pagos en las oficinas judiciales: "Que por cada Colegio de Procuradores de los Tribunales de España, previa convocatoria de Junta General extraordinaria, se recabe el compromiso formal de sus colegiados, individualmente, o en la forma que estime oportuno cada Colegio, de no hacer entrega de cantidad alguna en las oficinas judiciales, si nos es en pago de recibo oficial, caso de consignación, debiendo tomar las medidas oportunas para el cumplimiento de este acuerdo con aquellos colegiados que lo incumplan". Tan histórico era el acuerdo que, quince años después, al fallecimiento del presidente Granados, la prensa le recordaría como "el impulsor del acuerdo de la supresión de las astillas". Unos años después, en 1.990, el Consejo daba otro paso adelante logrando que un procurador, don José Luis Granizo García-Cuenca, ocupara el cargo de vocal en el Consejo General del Poder Judicial.

Un Real Decreto de 22 de Julio de 1.991, abordaba la reforma del Arancel tras haberse producido cambios estructurales tras la supresión de los Juzgados de Distrito que, al igual que las Audiencias Territoriales habían desaparecido con la Ley de Planta. Este Arancel prevenía en su disposición adicional la posibilidad de actualización de las cantidades fijas a fin de adaptarlas a las variaciones del índice de precios al consumo, lo que por orden del Ministerio de Justicia de 17 de Mayo de 1.994, se operó, aplicándose un índice revisor del 12.4%. Momento que, calificado como histórico, parecía acabar con las penurias de los Procuradores de los más de doscientos años de su historia arancelaria, pero la realidad económica, los criterios de convergencia y las disparidades de criterios entre los Ministerios de Justicia y de Economía han dejado aquella disposición adicional en letra muerta.

A instancia del Consejo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 8 de Noviembre de 1.994, ley 16/1994, añadió un tercer párrafo a su artículo 438 que vino a consagrar, a nivel de ley orgánica, la posibilidad de la sustitución de los Procuradores, estableciéndose un importantísimo reforzamiento a la legitimidad de la sustitución ya contemplada por el artículo 33 del Real Decreto 2046/1982, del Estatuto General de los Procuradores. Por su parte, la Ley 1/1996, de 10 de Enero de 1.996, de Asistencia Jurídica Gratuita, recogía la novedad de la prohibición de que ningún Procurador pudiera ser designado de oficio cuando el Abogado, en justa reciprocidad, no lo fuera. La Ley 29/1998, de 13 de Julio de 1.998, reguladora de la Jurisdicción contencioso-administrativa, estableció la necesidad de comparecer por medio de procurador ante los órganos colegiados.

Continuando con la tónica iniciada bajo la anterior presidencia, Granados Weil impulsó la celebración de Congresos que aglutinaran y pusieran de manifiesto las inquietudes de los Procuradores. Así se organizaron y celebraron los Congresos nacionales de 1.975 en Sevilla, de 1.979 en Gran Canaria, de 1.983 en Palma de Mallorca, de 1.994 en Las Palmas, y de 2.000 en Cádiz. En un esfuerzo de búsqueda de la unión con los profesionales que ejercen las funciones procesales de la representación y la postulación se fijaron metas de uniones internacionales encauzadas a través de reuniones, encuentros y Congresos Internacionales como el Congreso Iberoamericano de procuración celebrado en Montevideo en 1.987, y los Congresos de Postulantes de la Comunidad Económica Europea celebrados en 1.991 en París, en 1.994 en Las Palmas, en 1.996 en Cascáis, en 1.998 en Lyon, y en 2.000 en Cádiz.

En esos Congresos organizados por el Consejo General se fueron poniendo de manifiesto las distintas aspiraciones de la Procura, que en gran medida serían recogidas en nuestro ordenamiento tras las diversas reformas legislativas. Como muestra valgan las conclusiones de una de las ponencias del Congreso Nacional celebrado en Las Palmas en el año 1.994, donde se pedía: "1ª La representación exclusiva en juicio mediante Procurador. 2ª Derogación de las normas que atribuyen la representación a los factores mercantiles. 3ª En los casos de tramitación de exhortos a instancia de parte han de ser los Procuradores, en exclusiva, quienes asuman la función de portador. 4ª La derogación del art. 5.5. de la Ley de Enjuiciamiento Civil, residuo histórico anacrónico y sin justificación actual, que posibilita fraudes en perjuicio de los Procuradores. 5ª Un nuevo desarrollo legislativo de la jura de cuentas acorde con la doctrina mantenida por el Tribunal Constitucional. 6ª El beneficio de justicia gratuita debe concederse a quienes carezcan de medios económicos suficientes, debiendo eliminarse una designación automática del Procurador de Oficio". Como puede comprobarse, todas estas aspiraciones fueron recogidas tanto por la Ley 1/1996, de 10 de Enero de 1.996 de Asistencia Jurídica Gratuita, como por la Ley 1/2000, de 7 de Enero, de Enjuiciamiento Civil.

El 22 de Junio de 2.001 dimitía don José Granados Weil, tras estar 27 años al frente del Consejo General. El 27 de Julio de 2.001 don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa era elegido Presidente tras haber sido Secretario General desde el año 1.983 hasta 1.999.